IU advierte que la reducción de alquileres anunciada por el PP en Emvisesa ni siquiera afectará a un 5% de las familias y aboga por ampliar el número de beneficiarios

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha mostrado este jueves sus dudas sobre el alcance real de las reducciones de rentas anunciadas por el Gobierno de Zoido en los alquileres de Emvisesa y ha abogado por una ampliación del espectro de familias beneficiarias “para que no sea sólo una minoría de vecinos los que finalmente puedan acogerse a esta medida”.

Torrijos se ha congratulado del paso dado por el Ayuntamiento hispalense, aunque lo ha considerado “totalmente insuficiente” en tanto que no ofrece respuesta a la problemática generalizada que sufre el grueso de los más de 2.000 arrendatarios de la empresa municipal de vivienda, quienes llevan más de dos años reclamando una adaptación de sus alquileres a la actual situación de crisis económica.

En concreto, IU apoya que se exima del pago de la renta a aquellas familias sin recursos económicos y en riesgo de emergencia social, quienes a partir de ahora únicamente deberán abonar la comunidad y los suministros, como el agua o la luz. Sin embargo, la federación de izquierdas no comparte que se establezca la cuantía del IPREM (532,51 euros mensuales) como límite para aplicar rebajas en las cuotas de los inquilinos, de tal modo que sólo paguen el 30 por ciento de sus ingresos. “Nos parece un requisito muy restrictivo, injusto y nada progresivo”, ha afirmado Torrijos, quien ha advertido de que, con estas condiciones, la medida avanzada esta semana por el alcalde “lamentablemente no afectará ni a un 5% de las familias que viven de alquiler en pisos de Emvisesa”.

Para evitar esto, IU apuesta por abrir el abanico de beneficiarios y, en tal sentido, plantea que el criterio de selección se eleve a dos veces el valor del IPREM (1.065,02), lo que permitiría a muchas más familias acogerse a la referida reducción de alquileres. Junto a esta propuesta, Izquierda Unida pide también al Gobierno local que inicie un proceso de negociación con todos aquellos arrendatarios con retribuciones superiores a este concepto a fin de “adecuar cada renta a la realidad socieconómica de cada familia”.

Para determinar esta revisión de la cuota, Torrijos ha defendido que se tengan en cuenta diversos factores como el nivel de ingresos, el número de hijos y las edades de cada uno, los metros cuadrados de las viviendas, su ubicación, la naturaleza de los contratos, etcétera. Además, ha considerado imprescindible que en dicho proceso de negociación participen como interlocutoras las organizaciones que hasta la fecha han venido reivindicando una rebaja de los arrendamientos de Emvisesa, como la Asociación Por un Alquiler Municipal Digno o la Comunidad de la M.A.-3.1 de Sevilla Este, cuyos responsables han comparecido este jueves en rueda de prensa junto al portavoz de Izquierda Unida.

En sus intervenciones, los representantes vecinales han reconocido su “decepción” por el limitado alcance de una medida que, aun siendo “positiva”, “no va al fondo de la cuestión”, “no soluciona el grueso de la problemática” y “puede convertirse en el chocolate del loro”, según han indicado. Del mismo modo, han criticado la dureza de los requisitos exigidos por el PP, incidiendo especialmente en la obligatoriedad de aportar informes sociales que acrediten la situación de cada familia, algo que –han alertado-- podría retrasar bastante la aplicación de la medida dada la saturación que padecen en estos momentos las UTS y la falta de personal de la que adolece este servicio tras los recortes y despidos realizados por el Ayuntamiento.     

Con todo, Torrijos ha reiterado la satisfacción de su fuerza política ante el hecho de que, por fin, Zoido empiece a ser receptivo a “este clamor social”. No obstante, ha lamentado el “escaso rigor” y la “indefinición” de una iniciativa que, según ha recalcado, es fruto de la movilización y la lucha ciudadana y “no de ningún compromiso electoral del PP”. Así, ha reprochado al alcalde que ahora se atreva a “sacar pecho” con este asunto, cuando hasta hace sólo unos días desde Emvisesa se han estado mandando cartas coercitivas a los inquilinos que no podían pagar las cuotas para que abandonaran sus viviendas y se venían rechazando todas las peticiones de IU encaminadas a reducir los alquileres a las familias arrendatarias.

 

 

 

 

 

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