IU critica que Zoido siga denegando la licencia de taxis a personas con antecedentes y le insta a revertir esta discriminación

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, ha lamentado este miércoles que el Gobierno local del PP siga denegando la posibilidad de acceder a una licencia de taxi a personas con antecedentes penales, a pesar de que hace más de un año el delegado municipal de Movilidad, Demetrio Cabello, se comprometió, a instancias de su fuerza política, a eliminar este requerimiento que “va contra la ley y es claramente inconstitucional”.


Torrijos ha hecho estas declaraciones al calor de la queja que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha trasladado recientemente al alcalde, Juan Ignacio Zoido, en relación con este asunto, advirtiéndole de que tal exigencia constituye una discriminación injustificable en toda regla y supone, además, un obstáculo a la reinserción social.

A este respecto, el concejal de IU ha asegurado “compartir íntegramente la preocupación” del Defensor del Pueblo Andaluz. Asimismo, ha subrayado que él ya le reclamó en su momento al Gobierno local que retirara “esta inaceptable condición” incluida entre los nuevos requisitos fijados por el PP para quiénes aspiren a obtener el permiso municipal de conducción de auto-taxis.

En este sentido, Torrijos ha recordado cómo en el Pleno ordinario del Consistorio de septiembre de 2011, en el marco del debate sobre las tarifas del servicio para 2012, “solicité al señor Cabello que subsanase esa cuestión, a lo que él accedió, garantizando que en el próximo consejo del Instituto del Taxi se llegaría a un acuerdo sobre el particular porque, según dijo entonces, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar en su vida”, ha relatado el portavoz de IU.

Sin embargo, “volvemos a constatar con tristeza el nulo valor de la palabra dada por los concejales del PP”, ha apuntado Torrijos. Por todo ello, ha instado al alcalde a “revertir esta clara involución”, acabando lo antes posible con una cláusula que, según ha sentenciado, no cuenta con ningún tipo de amparo legal ni reglamentario y, lo que es mucho más grave, restringe y dificulta el acceso al trabajo reconocido en la Constitución Española.

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